El Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP), bajo la administración de la gobernadora republicana y anexionista Jennifer González, entregó al gobierno federal una lista de choferes indocumentados. La mayoría de los afectados son de origen dominicano.
El gobierno local alegó que necesitaba proteger el acceso a fondos federales. Pero no se trataba de una cuestión de política ni de presupuesto; era una traición política y no solo a los dominicanos. El gobierno de Puerto Rico simplemente demostró que traicionaría a cualquier migrante latinoamericano para ganarse el favor de Washington.
No fue una decisión difícil para ellos. No se resistieron. No impugnaron la citación judicial. No defendieron a los indocumentados. Obedecieron a Washington discreta y estratégicamente para demostrarle a su amo que sabían obedecer.
Sí, la comunidad dominicana se llevó la peor parte. Pero este acto conlleva un mensaje brutal para todos los latinoamericanos que viven en Puerto Rico: el gobierno colonial los entregará, no porque esté obligado, sino porque quiere conservar la confianza de Washington.
La traición duele más porque muchos dominicanos históricamente han apoyado el movimiento por la anexión de Puerto Rico y hasta han votado por Jennifer González. Sin embargo, cuando Washington llamó a la puerta, el gobierno local entregó sus nombres sin dudarlo. El problema va mucho más allá de la política migratoria. Se trata de cómo opera el poder colonial.
Estados Unidos siempre ha usado a Puerto Rico como “vitrina" para América Latina, un lugar al que señalar y decir: "Miren, así es la democracia bajo el capitalismo". Pero lo que se esconde tras ese cristal no es verdadera prosperidad. Es una colonia profundamente desigual y endeudada hasta los dientes, sostenida por fondos federales y gobernada por personas que se lucran políticamente traicionando a los vulnerables.
En Puerto Rico, la vitrina se mantiene limpia descartando a cualquiera que pueda "ensuciar" la vista. Los migrantes indocumentados, que trabajan en empleos que nadie más quiere, crían familias y pagan impuestos sobre las ventas y los ingresos, no encajan en esa imagen. Por lo tanto, el gobierno se deshace de ellos para mantener la ilusión de ley y orden.
Algunos residentes de la isla defienden las acciones de la gobernadora diciendo que Puerto Rico es una sociedad de "ley y orden". Irónicamente, la ley y el orden solo parecen importar cuando el gobierno federal exige su cumplimiento. A nivel local, lo que hay es solo corrupción, impunidad y colapso.
La gobernadora Jennifer González, una fiel aliada de Trump, se alineó con el mismo partido que lidera los ataques contra los inmigrantes en todo Estados Unidos. Su administración no defendió al pueblo; protegió su acceso al dinero. Vendieron a los migrantes indocumentados para preservar su imagen política y su dependencia financiera.
Como puertorriqueño que vive fuera de la isla, le temo más al gobierno estadounidense en Puerto Rico que en cualquier otro estado de la nación. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, la traición no es solo una posibilidad, sino una estrategia política. Las personas a menudo se culpan mutuamente para ganarse el favor del gobierno federal. No se resisten a Washington como los estados; se postran servilmente ante él.
Y ese miedo tiene una historia detrás. Puerto Rico ha ayudado durante mucho tiempo a las autoridades federales a reprimir, silenciar y desmantelar la disidencia política contra Washington, a menudo utilizando sus instituciones y líderes como herramientas de control. El reciente ataque a migrantes indocumentados, en su mayoría dominicanos, no es una excepción. Es el último capítulo de un libro de obediencia colonial internalizada.
Hoy, son los migrantes. Ayer, eran quienes discrepaban. Mañana, podría ser cualquiera que se salga de la línea.
Y recuerden esto: Donald Trump le dará a Puerto Rico una patada tan pronto deje de usar la isla para su agenda. Y peor aún, sucederá después de que Puerto Rico ya haya traicionado a sus naciones hermanas. Graben este recuerdo; lo necesitarán.
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