Organizaciones sin fines de lucro actúan como corporaciones comerciales: El caso de una comunidad puertorriqueña en Boston

Villa Victoria en el South End de Boston, construida luego de que inquilinos puertorriqueños ganaran un pleito legal en contra del desplazamiento masivo en 1968. (Fuente: Northeastern University Archives. Derechos de autor no determinados.)

 

Nota: Esta versión en español se ofrece como cortesía. Todas las fuentes enlazadas permanecen en inglés para asegurar la precisión de los datos. La versión oficial en inglés aparece publicada en la plataforma Medium.

Inquilinos Boricuas en Acción (IBA) surgió en 1968 cuando familias puertorriqueñas del South End de Boston se organizaron contra el desplazamiento masivo. Ganaron la batalla legal y Villa Victoria surgió como una comunidad construida a través de la lucha y la resistencia. Esa victoria demostró que una comunidad unida podía enfrentarse al establishment político y económico de Boston.

Con el tiempo, universidades, urbanistas y fundaciones convirtieron a Villa Victoria en un ejemplo de éxito comunitario. Celebraron a IBA como un modelo de organización latina en Estados Unidos. Ese reconocimiento tuvo un costo. Atrapó a IBA en una narrativa de triunfo, como si la misión hubiera terminado y la única tarea restante fuera administrar el legado.

Hoy en día, IBA opera como una empresa de negocios, no como un movimiento. Según el Nonprofit Explorer de ProPublica (2024), IBA reportó $31.6 millones en ingresos, $22.2 millones en gastos y un superávit de $9.3 millones. Controla $250 millones en activos y $139 millones en activos netos. Tan solo la remuneración de los ejecutivos alcanzó casi $700,000. Estas no son las cifras de un grupo communitario de base, sino las de una corporación empresarial sin fines de lucro integrada en la economía institucional de Boston.

Con $250 millones en activos, salarios ejecutivos de seis cifras y festivales organizados como estrategia de marca, IBA trata a los donantes y agencias gubernamentales como sus verdaderos clientes, no a los residentes. La retórica comunitaria esconde una maquinaria corporativa cuyo negocio es gestionar la pobreza, no resolverla.

La remuneración de los ejecutivos lo demuestra claramente. En 2024, la directora ejecutiva, Vanessa Calderón-Rosado, cobró $371,000 en salario y beneficios, mientras que la directora de operaciones, Mayra Negrón-Roche, recibió $324,000. Otros empleados ganaron entre $131,000 y $210,000.

ProPublica (2024) también muestra que incluso organizaciones sin fines de lucro mucho más grandes en Boston, relacionadas con la vivienda y las personas sin hogar, con un presupuesto varias veces superior al de IBA, pagan menos a sus ejecutivos. Eso revela la desproporcionalidad de las prácticas de compensación de IBA dentro del sector sin fines de lucro.

Datos sociodemográficos del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de Nueva York (CentroPR, 2023) revelan que el hogar puertorriqueño promedio en Massachusetts gana $41,130 y que el 26.7% de las familias vive por debajo del umbral de pobreza federal. CentroPR recopila esta información de la Oficina del Censo de Estados Unidos en su base de datos titulada: “El estado de los puertorriqueños en Estados Unidos.”

Incluso, otros estados tan caros como Massachusetts, donde la pobreza entre los puertorriqueños alcanza 26.7%, siendo la más alta de todos los estados, muestran tasas de pobreza más bajas. En Nueva York es 21.5%; Nueva Jersey 13.5% y Connecticut 21.9%. Esa contradicción expone cómo Massachusetts, a pesar de su riqueza y reputación educativa, continúa dejando a los puertorriqueños en el nivel más bajo de la escala social y económica. Al mismo tiempo, IBA se limita a cortejar a los ricos en galas y a actuar como repartidor de fondos para la pobreza sin resolver nada.

La realidad cotidiana en las comunidades de IBA también contradice la narrativa de la organización. Según las estadísticas de Analyze Boston (2023 a la fecha), la mayoría de las llamadas a la policía desde sus propiedades en el South End caen bajo las categorías de: persona investigada, agresión, robo, muerte súbita, disputa verbal y evidencia balística. Esas propiedades continúan luchando con la misma precariedad e inseguridad, a pesar de la administración privada, los jardines bien cuidados, la seguridad privada, las cámaras y los programas sociales, pero sin ninguna movilidad social ascendente.

En la práctica, Maloney Properties, la empresa que IBA contrata para la administración de sus propiedades, actuó irresponsablemente al reubicar a un residente problemático en mi edificio durante las renovaciones de la propiedad donde yo vivía. Poco después, se desató un tiroteo afuera, lo que me obligó a solicitar un vale portátil de la Sección 8 que nunca planeé solicitar, ya que ese apartamento tenía un profundo valor sentimental como mi primer hogar en Boston después de quedarme sin hogar.

Yo no era un residente que buscaba un trato especial, sino el trato justo que se le debe a cualquier inquilino de bajos ingresos. En cambio, me sentí traicionado por una organización que alguna vez creí que haría un mejor trabajo que el anterior propietario, la Autoridad de Vivienda de Boston.

Los puertorriqueños en Massachusetts pagan el precio de esta desconexión. Las estadísticas de CentroPR (2023) revelan que solo el 34.8% de los puertorriqueños en Massachusetts se graduaron de la escuela secundaria y solo el 16.4% posee un bachillerato o un título más alto.

En cuanto a cuántos puertorriqueños son dueños de sus viviendas, es crucial comparar a Massachusetts no con estados más baratos como Florida o Pensilvania, sino con estados igualmente caros como Connecticut y Nueva Jersey. Incluso, en esos mercados, CentroPR revela que a los puertorriqueños les va mejor en Connecticut (35.1%) y Nueva Jersey (46.1%), en comparación con solo el 25.1% en Massachusetts.

La ironía es una bofetada. IBA comenzó el Mes de la Herencia Hispana de 2025 con salsa en la plaza, mientras el resto de la comunidad latinoamericana en Boston lucha contra las deportaciones. No han mostrado la más mínima señal de solidaridad, ni siquiera con una simple declaración en sus redes sociales. Mientras tanto, los puertorriqueños siguen entretenidos, atrapados en la desigualdad estructural. IBA acumula riqueza y la comunidad acumula pobreza.

Hace poco, IBA organizó una versión simulada del programa televisivo “Shark Tank” en la que los jóvenes de la comunidad presentaban sus ideas empresariales y el personal de IBA actuaba como inversionistas. Comenté en su publicación de Facebook que habría sido más significativo invitar a uno de sus donantes adinerados para darle una oportunidad genuina a uno de los mejores talentos. En lugar de fomentar el diálogo, me bloquearon. Esa reacción reveló que IBA se centra en la imagen y el espectáculo, similar al papel satinado y los gráficos coloridos de sus informes, en lugar del impacto real.

Incluso doné a IBA como residente porque creí en ellos. Calderón-Rosado me escribió para agradecerme y pronto me encontré en las listas de correo de donantes. Ese momento me demostró que IBA se había convertido en una máquina de recaudación de fondos que incluso convertía a sus residentes en donantes.

Tengo motivos de sobra para sentirme decepcionado. Formé parte de la Junta Directiva de IBA, dediqué mi tiempo e incluso hice una donación como residente. A cambio, solo recibí estipendios simbólicos como embajador residente. Al mismo tiempo, los ejecutivos consiguen salarios lo suficientemente altos como para ascender, mientras que la comunidad a la que supuestamente representan sigue estancada sin poder económico. 

Mi decepción no proviene de la amargura. Proviene de los hechos y de la experiencia vivida. Nadie puede descartar esto como la voz de un exresidente resentido, porque las cifras hablan por sí solas, y mi experiencia como inquilino y miembro de la Junta Directiva las confirma. Solo ahora, después de años de haber dejado esa comunidad, estoy conectando los puntos, y la imagen es innegable.